Los familiares de cuatro víctimas de un fusilamiento de presos políticos en una base naval argentina en los años 70 solicitaron el viernes a un jurado en Miami que declare responsable al exmarino Roberto Guillermo Bravo y le ordene pagar una recompensa de al menos 18 millones de dólares por los daños y perjuicios que les habría causado, informó la agencia de noticias The Associated Press (AP).
“El señor Roberto (Guillermo) Bravo tiene que ser castigado por sus hechos”, expresó el abogado Ajay Krishnan, quien representa a los demandantes. “El señor Bravo conspiró para disparar y matar a 19 presos y no fue por defensa propia”, aseguró.
Krishnan efectuó sus declaraciones en el último día del juicio de una semana que enfrentó Bravo poco antes de que el jurado de siete miembros comenzara a deliberar y de que la defensa del exmarino insistiera en que la causa ha caducado porque han pasado casi cinco décadas desde que ocurrieron los hechos en la Patagonia argentina.
Bravo, de 80 años, lucía serio, con su rostro inmutable. Estaba sentado junto a sus abogados, vestido con traje gris y corbata morada. Detrás estaba su esposa, que lo ha acompañado todos los días.
Los cuatro demandantes son familiares de Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villarreal de Santucho y Alberto Camps. En la querella presentada en octubre de 2020 alegaron que Bravo desempeñó un papel clave en el fusilamiento de 19 prisioneros políticos desarmados en la base militar de Trelew, en la Patagonia, en la madrugada del 22 de agosto de 1972. De los ellos cuatro, el único sobreviviente fue Camps.
Un jurado de siete miembros deberá determinar si el exmarino es responsable de tortura, asesinato e intento de asesinato de las víctimas y ofrecerá un veredicto.
Al pedir la indemnización monetaria en nombre de sus clientes, el abogado Krishnan le solicitó al jurado que considere individualmente cada caso. Para Camps, que sobrevivió, dijo que le correspondería 1,5 millón de dólares, al igual que para Capello, cuya demanda fue presentada por su sobrino. En el caso de Bonet, cinco millones de dólares y para Santucho, que estaba embarazada en el momento del fusilamiento, 10 millones de dólares.
La masacre fue en Argentina, pero la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite acciones judiciales si los acusados están en Estados Unidos.
Dirigiéndose a los miembros del jurado en los alegatos finales, Steven Davis, uno de los abogados de Bravo, alegó que pasaron más de los 10 años permitidos por la ley para que la demanda sea presentada y que no existen circunstancias extraordinarias que justifiquen el caso en Miami.
“Lo que pasó fue una tragedia, pero no fue planeado”, expresó Davis para refutar el alegato de la demanda de que se trató de una conspiración. “El plazo de 10 años ha vencido”, aseguró en un intento en un intento por tirar por la borda el argumento de los demandantes, que aseguran que hasta 2008 desconocían dónde estaba Bravo.
Fuente y fotos: AP
