A partir de una denuncia de un vecino, que manifestó que en el lugar había maltrato animal, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del doctor Carlos Rolero Santurián y ante la Secretaría del doctor Ricardo Bomparola, dispuso el procedimiento.
Los oficiales ingresaron al lugar y secuestraron 55 perros, muchos de los cuales tenían pocos días de vida y presentaban claros signos de maltrato.
Los animalitos fueron trasladados a dos ONG (Callejeros Casa Quiere y Pichichos al Rescate), que quedaron encargadas de cuidarlos y alimentarlos hasta que puedan ser dados en adopción.
Además, fue imputada la propietaria de la vivienda, de 72 años, por infracción a la Ley 14.346 (Maltrato Animal), quedando a disposición de la Justicia.
La vivienda quedó clausurada preventivamente por disposición de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), que cooperó en el allanamiento policial al igual que la División Canes de la Policía de la Ciudad.