El lunes, el juez Mirabelli homologó los acuerdos celebrados con la Fiscalía por $1,6 millón y $1,4 millón argumentando que eran “proporcionales” al daño causado. “No se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado y acordado con el Ministerio Público Fiscal, sea inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales que demanda el instituto”, sostuvo. Como Yañez no cobra un sueldo, el Presidente se tuvo que hacer cargo del monto total -según publica Infobae-.
En los hechos, la causa ya había quedado cerrada a partir del acuerdo con el fiscal, que decidió tomar como parámetro el valor de un respirador. “El monto ofrecido en concepto de reparación cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID 19 más cuatro días de internación en un módulo de atención en UCI con ARM con pacientes con COVID-19, o un total de cuarenta días de internación en módulo de atención UCI con ARM de paciente con COVID 19″, sostuvo el fiscal.
Para evitar la indagatoria y una posible condena, el Presidente optó por la “reparación económica”, prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Aunque públicamente defendió esa estrategia jurídica, Alberto Fernández sigue pensando en la intimidad que no hubo delito por la fiesta en la Quinta de Olivos.
A partir de la homologación de los acuerdos, el Presidente tenía hasta diez días hábiles para depositar el dinero en una cuenta bancaria del Instituto Malbrán. Pero la necesidad de cerrar la causa aceleró la definición.
Cuando se concrete la transferencia, sus abogados, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso, informarán al juzgado con el comprobante de la operación. Lo propio hará la defensa de Yañez, a cargo de Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo.
A partir de ese momento solo restará que el juez firme el sobreseimiento de ambos. Es apenas una formalidad.
La causa igualmente sigue abierta para el resto de los imputados. En el caso de Fernando Consagra, Emmanuel López y Santiago Basavilbaso llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y esperan la homologación. Si eso ocurre, tendrán que depositar $250 mil, los dos primeros, y $220 mil Basavilbaso.
En el caso del colorista Federico Abraham, sus abogados, Pablo Slonimsqui y María Ester Ballestero, ofrecieron una reparación de $250 mil y esperan el cierre de la causa.
El resto de los imputados todavía no hicieron una presentación. El abogado de Stefanía Domínguez, Mauricio D’Alessandro, sigue batallando en Tribunales para intentar conseguir una declaración de inconstitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente. El resto de los imputados son defendidos por el estudio de Fernando Burlando. Si no hacen un ofrecimiento en los próximos días, podrían terminar yendo a indagatoria.
