El titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral, es quien conduce la investigación por evasión impositiva que se conoció la semana pasada y en donde aparece involucrado el senador nacional Ignacio Torres. La misma «llegaría a los 4.500 millones de pesos», según dijo en su momento el exministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, quien motorizó la denuncia.
Massoni dijo la red de empresas a las que apunta está integrada por «gente que monopoliza» la pesca del langostino en Puerto Rawson y que maneja «la estiba a través del sindicato con el desembarco en la banquina y la descarga».
Pero además, al referirse a las implicancias del caso, Massoni aseguró que «las vinculaciones también son políticas».
En ese sentido, el exfuncionario apuntó contra el senador nacional de Juntos por el Cambio, a quien consideró «vinculado con el grupo y que durante un buen tiempo utilizó su influencia, durante la gestión del Gobierno nacional anterior (Cambiemos) para que la delegación local de la AFIP no los controle, a cambio de recursos para su campaña, cosa que evidentemente ocurrió».
Y añadió: «Hay un dato nuevo que vincula a este grupo monopólico de la pesca con Torres y es la compra de combustibles de la empresa familiar que tiene el legislador, que pasó a ser el proveedor principal (de combustible) de la flota langostinera (que en Chubut es conocida como ‘flota amarilla’) que opera desde Puerto Rawson».
HABLO EL FISCAL
Este miércoles, el fiscal Anticorrupción, Omar Rodríguez, dio detalles en LaCienPuntoUno y dijo que “Massoni presentó una denuncia en Procuración y eso me lo remiten a mí para analizar el contenido. El núcleo de la denuncia tiene que ver con una causa federal, en donde el objeto principal es la evasión impositiva. A partir de allí tengo que ver cuál es el objeto concreto procesal de aquella causa, a los fines de que si esto tiene relación directa lo tengo que remitir al Juzgado Federal que está investigando ese hecho”.
“La Justicia Federal está trabajando y avanzando. Por otro lado, Massoni hace algunas manifestaciones que tienen que ver con unas conductas que podrían encuadrar en algún delito respecto de la competencia provincial que tiene que ver con incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos y abusos de autoridad con respecto a los permisos de pesca”, agregó el fiscal.
Rodríguez explicó que “en principio, el proceso penal tiene una dinámica que con la denuncia le puede dar un marco a los fines de investigar una hipótesis. Se está investigando el actuar de funcionarios en el marco de todo lo que hace al trámite de permiso de pesca: cómo se otorgan, las renovaciones”.
Con respecto a la relación del lavado de activos, el funcionario señaló que eso “está más relacionado con el delito precedente que es la evasión fiscal” y afirmó que están “en una instancia previa; si hay delitos o responsables”.
Sobre la presunta participación del senador Torres, remarcó que el mismo sería “parte” o estaría relacionado “con este grupo que presuntamente estaría cometiendo estos delitos de evasión relacionados con sectores de la flota amarilla”.
