Una audiencia de control de prisión tuvo lugar en sala de oficina judicial en tercer piso de tribunales en Trelew, donde el Ministerio Público Fiscal representado por la procuradora de fiscalía Verónica Van Vliet, acompañada por la abogada Rocío Lorenzo, comunicó que ya se había elevado la pieza acusatoria donde se imputa a una persona por graves hechos de violencia de género, cumpliéndose los dos meses de prisión impuestos en el control respectivo.
El 17 de febrero cerca de las 13, el ahora acusado estando con una prohibición de acercamiento vigente desde el 2 de enero de este año y por el término de sesenta días, acudió a la casa de su ex pareja y ya en el lugar, aprovechando que la víctima se encontraba limpiando con puertas abiertas accedió a la vivienda y la agredió violentamente portando además un cuchillo que extrajo entre sus pertenencias. Esto provocó que la mujer tomara a sus hijas y saliera a la calle pidiendo ayuda. Al momento de arribar efectivos policiales, el hombre se encontraba trepando un paredón para intentar escapar, pero fue detenido.
La calificación impuesta es la de desobediencia judicial en concurso real con lesiones leves agravadas por haber mediado una relación de pareja en contexto de violencia de género y amenazas con arma también en concurso real. Sin embargo, la doctora Van Vliet enumeró unas tres causas, las cuales están en trámite y una de ellas con pronta elevación a juicio, donde el imputado presenta varias declaraciones de rebeldía y órdenes de captura. Entre esos antecedentes, existe una sentencia condenatoria que data del 30 de noviembre de 2016, contando con una resolución de exclusión del 6 de septiembre de 2021, con posteriores denuncias en las que violó la prohibición de acercamiento, tanto es así que se le colocó una tobillera, la que en varias oportunidades fue apagada y no funcionó, ya que no existe constancia que pudo habérsela quitado. Por otra parte, en otra causa, el 2 de enero de este año se le impuso el deber de tener que firmar en oficina de ejecución una vez por semana, situación que no cumplió en ningún momento.
Para el Ministerio Público Fiscal por estos motivos existe el riesgo de fuga, al evaluar la gravedad del hecho y la expectativa de pena que deberá ser en cualquier caso de cumplimiento efectivo. También argumentó acerca del peligro de entorpecimiento, al esgrimir que la propia víctima es testigo y se encuentra en estado de vulnerabilidad, si se tiene en cuenta la cantidad de veces que el agresor transgredió las medidas impuestas para actuar en forma violenta.
El defensor Osvaldo Heiber solicitó en primer término la libertad de su cliente, aunque ofreció la posibilidad de imponer nuevas medidas sustitutivas al indicar que él mismo había aceptado la necesidad de cumplirlas. Subsidiariamente pidió el arresto domiciliario, ofreciendo en tal caso la vivienda del padre, quien oficiaría de contralor.
En su resolución, la Jueza María Tolomei manifestó que con la presentación de la acusación y las pruebas introducidas, se avanzaba y consolidaba la causa reafirmándose la probable autoría. Coincidió con la fiscalía en cuanto a los peligros procesales existentes y aseveró que el hombre no cumplió con ninguna de las medidas a las que había sido sometido, por lo que no demuestra tener apego al proceso. Aseguró que los hechos registrados son graves, reiteró las rebeldías, pedidos de captura y compulsas que debieron ejercerse y resaltó la importancia que los delitos están enmarcados en un contexto de perspectiva de género, para determinar la continuidad de la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar, previa a la posible elevación a juicio.
