A su término el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, habló con la prensa acreditada y dijo sobre el encuentro: «Avalamos y apoyamos la decisión del Ministerio de Interior, vamos a defender nuestros recursos, que son los recursos de nuestro pueblo. No puede haber una injerencia vulnerando la Constitución, porque implica violar la normativa vigente. No vamos a ceder de ninguna manera las banderas del federalismo».
“Nos hubiera gustado que la audiencia (del 10 de marzo) fuera abierta, para todos, todos supieran que Macri nos robó 500 mil millones de pesos”, agregó en la rueda de prensa Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero.
Entre los asistentes estuvieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), el vicegobernador Antonio Marocco (Salta) y el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende. También dijeron presente de manera virtual, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.
En tanto, estuvieron ausentes los mandatarios de Jujuy, Gerardo Morales; de Corrientes, Gustavo Valdés; y de Mendoza, Rodolfo Suárez, además del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Fuentes cercanas al ministro del Interior detallaron que el funcionario nacional explicó la situación a los gobernadores, poniendo el eje en «lo que pierden las provincias en caso que la Corte falle en favor de la Ciudad de Buenos Aires».
Además, indicaron que De Pedro hizo uso de la palabra para explicar con números lo que implica para las provincias un fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires, cuya cifra estaría cercana a los 100.000 millones de pesos.
La convocatoria se realizó mientras corre el plazo de 30 días hábiles que la Corte fijó para que el Gobierno nacional y la administración porteña lleguen a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos para el mantenimiento de la policía durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, cuya fecha límite para que arriben a un punto en común es el próximo 26 de abril.
