Con el objetivo de crear un el bloque de Senadores y Senadoras del Frente de Todos presentó un proyecto de ley, que apunta a que quienes tengan bienes en el exterior, que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia equivalente al 20% de sus bienes no declarados. «Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica», sostiene en el bloque del Frente de Todos, que recordó la estimación oficial de que existen unos 400 mil millones de dólares de residentes argentinos en el exterior.
La inciativa del bloque oficialista en el Senado –13 de ellos votaron en contra el acuerdo con el FMI y 2 se abstuvieron– advierte que también serán alcanzados quienes hayan hecho un cambio de domicilio fiscal, «cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina», y adelantan la presentación de otro proyecto de ley paralelo para habilitar la figura de «colaborador», que liberaría a los bancos de sostener el secreto fiscal.
Entre los argumentos que sostiene el bloque del oficialismo en el Senado, cuerpo que encabeza la vicepresidenta Cristina Kirchner, resalta que el acuerdo stand by con el FMI, firmado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, «significó el ingreso de 44.500 millones de dólares, de los que en gran parte tuvieron como destino el financiamiento de la salida de divisas de nuestro país, en un claro proceso de fuga de capitales».
Al momento de proyectar lo que podría significar a nivel recaudatorio la medida propuestas, el proyecto de ley señala que, según estimaciones oficiales, existen unos 400.000 millones de dólares en el exterior de residentes argentinos y menos de una tercera parte están declarados. «Así lo demuestran los Panamá, Paradise y Pandora Papers entre otros informes de organismos públicos y privados», sentenció el bloque del Frente de Todos.
¿Cómo es la propuesta de pagar deuda con plata fugada?
El comunicado de los senadores y senadoras del Frente de Todos resalta que el aporte del 20% de los bienes no declarados en el exterior –que deberán ser abonado en dólares– no representan una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que «sólo implicará que lo paguen quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero».
Según el proyecto de ley, la alícuota del 20% para los bienes fugados o no declarados –en 2020 solo 69.000 millones de dólares fueron declarados ante la AFIP para el pago del impuesto sobre los bienes personales– se incrementa al 35% para quienes declaran los fondos seis meses después de entrada en vigencia de la ley.
La iniciativa agrega que también deberán pagar el impuesto quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país y resalta: «quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente».
La figura del «colaborador»
El bloque del oficialismo en el Senado también anticipó el envío de otro proyecto en paralelo para crear la figura de «colaborador» y explicar que «se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados», podrán ser tanto personas físcias como también las entidades bancarias.
En este punto, los senadores y senadoras indicaron que la otra iniciativa que se presentará buscará liberar de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor a las entidades bancarias y serán premiados –al igual que las personas físicas que colabore– con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.
El proyecto de ley paralelo buscará modificar las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal para habilitar a los bancos a ser «colaboradores». «Las principales naciones del mundo crearon legislación en este sentido desde principios de este siglo para tener un mayor y mejor control de las operaciones comerciales o financieras», apuntó el bloque oficialista.
Además, en esa normativa complementaria a la del «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI», se propone que el fiscal no tenga que esperar la autorización de un juez para acceder a la información financiera, con el objetivo de acelerar los procesos investigativos.
«Así como una justicia que llega tarde no es hacer justicia, un Estado que recibe información financiera o fiscal, en forma tardía, es un estado bobo que no resguarda los bienes jurídicos o los intereses de los argentinos que debeproteger», sentencia el comunicado del bloque oficialista.
«Quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon – acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra nación – son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI», argumentan.
