La próxima semana comenzarán los alegatos en el juicio contra Cayetano de la Fuente, acusado de haber asesinado a su pareja en octubre de 2019. La víctima sufrió la perforación del intestino delgado y estómago, y lesiones en el diafragma. Estas heridas ocasionaron su fallecimiento, tras permanecer internada en el hospital.
El debate los tribunales de Puerto Madryn está a cargo de Ivana González, Patricia Asaro y Marcelo Orlando. Y durante la primera parte del debate declararon las hijas de Mónica, peritos, policías y médicos, entre otros testigos.
La acusación está a cargo de la fiscal María Angélica Carcano, quien imputa a De la Fuente por «homicidio agravado bajo la modalidad de femicidio» y una calificación alternativa de “abuso sexual seguido de muerte”.
De la Fuente es patrocinado por los defensores públicos Diego Trad y Gastón Ledesma, quienes alegarán luego de la Fiscalía. Se estima que el veredicto del Tribunal sería una semana después que finalicen los alegatos de las partes, previstos, en principio, para el lunes.
El crimen
Fernández, de 55 años, falleció el 23 de octubre de 2019 a las 10 horas en el hospital Andrés Isola, donde estaba internada en terapia intensiva. La mujer había sufrido graves lesiones en órganos internos que le ocasionaron la muerte.
A partir de los datos aportados por la hija de la mujer, los investigadores allanaron la casa del imputado, donde se secuestraron elementos compatibles con las heridas que presentaba la víctima. Y las pruebas de ADN dieron resultados positivos. Horas después del hecho, la Policía detuvo a De la Fuente y desde entonces, está preso en el Instituto Penitenciario Provincial.
El pedido de las fiscales
Las calificaciones escogidas por la Unidad de Género de la Fiscalía prevén una pena única de prisión perpetua. En el caso del “femicidio”, el Código Penal establece -en su artículo 80 inciso 11- que se impondrá prisión perpetua cuando la víctima sea una mujer y el hecho sea perpetrado por un hombre mediando la violencia de género. Y en el caso del artículo 124 prevé prisión perpetua cuando como resultado de un abuso sexual resultare la muerte de la víctima.
