Se trata de una suma fija no remunerativa, no bonificable, extraordinaria y por única vez que alcanza a un universo de 350.525 de agentes dependientes de las jurisdicciones y organismos del Poder Ejecutivo Nacional y tiene un impacto presupuestario de 8.763 millones de pesos.
Entre los trabajadores y trabajadoras de la APN alcanzados se encuentra el personal civil, de Fuerzas Armadas y de Seguridad de ministerios y organismos descentralizados o desconcentrados, tanto en planta permanente como contratados en designación transitoria.
La medida también abarca al personal que al mes de noviembre de 2021 realizaba una jornada laboral inferior a la prevista para su cargo. En ese caso, percibirá la suma fija no remunerativa no bonificable extraordinaria en forma proporcional a la prestación de servicios efectivamente realizada.
En tanto están excluidos del pago las autoridades superiores y equivalentes, al igual que las trabajadoras y trabajadores de las empresas públicas o de mayoría accionaria estatal, de la banca pública nacional y de las universidades nacionales.
La definición busca dar respuesta a la caída sostenida que se registró en los ingresos de los trabajadores del sector entre 2018 y 2019, que rondó el 38%, un porcentaje mayor al del ámbito privado formal en el mismo período.
En 2021 se aceleró el sendero de la recuperación salarial a partir del segundo semestre hasta quedar 8 puntos por sobre la inflación estimada para el año, como resultado de los incrementos salariales de 18 por ciento entre enero y mayo (como cierre de la paritaria 2020-2021) y de 40 por ciento entre junio y diciembre (como inicio de la paritaria 2021-2022).
