La conducción de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) reclamó este viernes el «cese inmediato de la represión» en la provincia de Chubut y criticó al gobierno patagónico al señalar que el proyecto de zonificación minera que votó la Legislatura «carece de todo y cualquier consenso social».
En un comunicado firmado por el titular de la CTA y diputado nacional de Frente de Todos (FDT), Hugo Yasky, bajo el título «la CTA exige el cese de la represión en Chubut», la central sindical se solidarizó con los manifestantes heridos durante las protestas de ayer en Rawson, la capital chubutense.
«La CTA de les Trabajadores exige el inmediato cese de la represión en Chubut y que el gobierno provincial asuma que el proyecto de zonificación minera que votó la Legislatura carece de todo y cualquier consenso social», remarcaron en el comunicado.
«Es por demás evidente que el pueblo chubutense repudia esa ley (de zonificación minera) por lo que para que se pueda reinstalar un clima de diálogo es imperioso que dicha norma sea vetada ya mismo por el gobernador Arcioni y así retrotraer la situación actual a fin de encontrar rápidamente la paz en esa provincia».
Ayer ambientalistas que se oponen a la ley que habilitó la explotación de yacimientos polimetálicos en dos departamentos de la provincia de Chubut, volvieron a protestar frente a la Casa de Gobierno provincial en Rawson, que sufrió serios daños en medio de incidentes con la Policía.
En las últimas horas los manifestantes de Rawson y otras ciudades lograron superar las vallas de contención que ubicó la policía en las ochavas y, una vez que ingresaron a la peatonal que separa la Casa de Gobierno de la residencia del gobernador Mariano Arcioni, comenzaron los destrozos contra la estructura del edificio y un incendio generalizado que obligó a la intervención de los bomberos.
Asimismo, fueron dañadas oficinas del Superior Tribunal de Justicia, donde también funciona la Procuración General, y resultaron quemados árboles de la zona.
Las inscripciones pintadas en las paredes de todo el contorno del edificio gubernamental fueron contra Arcioni y los 14 diputados que aprobaron la ley que habilitó la explotación minera. Se reportaron siete demorados que recuperaron la libertad rápidamente tras la intervención de la defensa pública y de representantes de organismos de derechos humanos.
