El presidente Alberto Fernández le transmitió a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, su «firme decisión de asistir a esa provincia con efectivos de Gendarmería para patrullar la zona en conflicto» con integrantes de la comunidad mapuche, aunque aclaró que es la Ley de Seguridad Interior «la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior», cuyo caso, advirtió, «no es este ni mucho menos».
La Casa Rosada decidió el miércoles reforzar la seguridad en Río Negro con el redespliegue de fuerzas federales tras el incendio ocurrido durante la madrugada del martes en el Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón, y con el objetivo de prevenir posibles nuevos conflictos.
Tras tomar la medida de asistir a esa provincia con una mayor dotación de efectivos de Gendarmería , Alberto Fernández le envió una carta a la gobernadora Arabela Carreras, para ratificarle la medida, aunque le aclaró los términos que impone la Ley de Seguridad Interior.
«El gobierno que encabezo sostiene como esencia del desarrollo político una excelente relación con los gobiernos provinciales, cuna del federalismo que nos guía», dice la misiva enviada por Fernández a Carreras, como respuesta al pedido de asistencia en materia de seguridad realizado por la gobernadora, informó Presidencia.
No obstante, el Presidente le recordó a la mandataria provincial que «es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que, las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior».
En la carta, Fernández reafirmó que «no es este el caso ni mucho menos». Y agrega: «Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro».
Aníbal Fernández
En línea con el Presidente, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aclaró que la decisión de reforzar la seguridad en Río Negro fue adoptada por «solidaridad» con la gobernadora Carreras y para «colaborar» con la provincia.
«La posición que asumimos en el día de ayer, porque ya ha habido varios desmanes, es la de colaborar. Y lo estamos haciendo en este momento. Pero la escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación hacerlo. No señora, no es nuestra obligación», contestó Fernández a la mandataria provincial, en declaraciones a radio del Plata.
El funcionario nacional, señalo, entonces, que «es cuestión de leer la Ley de Seguridad Interior y se dará cuenta de que la participación de las fuerzas federales en las provincias solo está habilitada cuando hay complicaciones respecto de restituir el valor de la institucionalidad, de volver las cosas a la normalidad».
El ministro sostuvo, a la luz de esa norma, que la gobernadora «está equivocada» en su planteo y explicó: «No es nuestra obligación, ni la responsabilidad del Estado Nacional. Ella tiene una policía con la que podría crear un cuerpo específicamente dedicado a los mapuches o a esta situación que tiene. Hay como 167 comunidades en la zona que ya han resuelto por la vía pacífica estas cosas».
La portavoz gubernamental
La situación en Río Negro también formó parte de la batería de temas, que abarcó la primera conferencia de prensa que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ofreció este mediodía ante los periodistas acreditados en Casa Rosada
Allí, Cerruti coincidió con los dichos del ministro de Seguridad, al sostener que el conflicto en Río Negro con algunas comunidades mapuche «lo tiene que resolver la gobernadora» ya que el distrito «tiene fuerzas para poder controlar» la situación.
«Este Gobierno repudia las situaciones de violencia y vandalismo y espera que los conflictos se resuelvan de manera armónica a través del diálogo», dijo, al tiempo que pidió que el tema «no sea usado como herramienta electoral para sacar rédito» de cara a los comicios legislativos del 14 de noviembre.
En su intercambio con la prensa acreditada en la Casa de Gobierno, Cerruti agregó que el Gobierno «espera que se resuelva de la mejor manera posible» la situación en Río Negro, ya que se trata de «un conflicto que tiene una parte judicial, una cuestión de territorialidad, etnias, historias y una cantidad de otras cosas que están envueltas en este tema».
Para la portavoz gubernamental, el de Río Negro «no es un conflicto que tenga que ver con la propiedad privada, sino con la historia de este país, y con quienes se sienten propietarios, e incluso algunas de las tierras no son de propiedad privada de otros ciudadanos sino de Parques Nacionales».
Señaló «no entender» en este caso las dudas que se plantean en esta materia, «porque este Gobierno respeta y defiende el derecho que establece la Constitución Nacional en torno a la propiedad privada».
Ante una consulta, aseguró que el embajador de la Argentina en Chile, Rafael Bielsa, «no intervino y no pidió la libertad» de Facundo Jones Huala en una audiencia que se realizó ante la Corte de Apelaciones de Temuco en el país transandino donde se tramitaba la libertad condicional solicitada por el dirigente mapuche argentino.
«(A Bielsa) Le dieron la palabra en algún momento y contestó una pregunta muy puntual que le habían hecho, pero no intervino como parte de la defensa y solo fue como actor consular para garantizar el derecho a la defensa como lo haría cualquier consulado en cualquier situación similar» en la que viera afectado un ciudadano argentino, dijo.
Según había anticipado ayer la portavoz gubernamental, los efectivos de Gendarmería que llegan a la Patagonia tendrán el objetivo de «patrullar» y «prevenir actos vandálicos» asociados a la problemática mapuche de la zona.
Durante la madrugada del martes, un incendio destruyó el Club andino Piltriquitrón de El Bolsón, donde se encontraron panfletos contra la gobernadora Carreras, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano; y empresarios extranjeros que son propietarios de tierras de la zona.
Las autoridades provinciales ya anunciaron que presentarán una denuncia a la Justicia Federal por este hecho tras repudiar el ataque. Según se informó ayer desde el Gobierno provincial, «Carreras, manifestó su «más enérgico repudio al ataque incendiario» y ratificó que «no se avalará ningún tipo de violencia en Río Negro».
«Este es el tercer ataque incendiario sufrido en el mes. El primero destruyó el nuevo Centro de Informes Turísticos de El Bolsón y el segundo se registró en instalaciones de Vialidad Rionegrina en Bariloche, donde además se agredió y maniató a una familia», señaló un comunicado difundido por la Gobernación de Río Negro.
El miércoles en un encuentro sobre «Racismo y violencia contra el pueblo mapuche» en el marco de un ciclo organizado por el CELS, la investigadora Lorena Cañuqueo, repasó el conflicto histórico por la distribución desigual de la tierra, problemática que subsiste y que se profundiza «en la ciudad de Bariloche con los sectores populares que no pueden acceder a la tierra y con gente de sectores medios que tampoco puede hacerlo».
Cañuqueo, egresada de Comunicación Social y doctoranda en Antropología, criticó además el accionar del gobierno provincial sobre el tema.
La investigadora -que integra la comunidad del lof Mariano Epulef ubicada en el paraje Anecón Chico en la localidad rionegrina de Comallo- dijo que Río Negro «no está aplicando la ley 26160 (de relevamiento territorial de comunidades indígenas, sancionada en 2006), porque para eso tiene que ponerse en marcha un convenio entre Nación y provincia, y el gobierno provincial no lo hace».
