El diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade anunció que este jueves presentará una denuncia judicial contra el expresidente Mauricio Macri, su hermano Gianfranco y la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas, a quienes acusará de «evasión y lavado de dinero» por supuestamente burlar la ley de blanqueo de capitales votada en 2016, durante el gobierno de Cambiemos.
En diálogo con Télam, el presidente de la comisión de Justicia de la Cámara Baja expresó que «25 millones de dólares que la madre de Mauricio Macri tenía en negro son producto de la evasión y el lavado».
«Hubo un abuso de autoridad del expresidente Macri al permitir el (hecho) ilegal de su familia; porque el hecho de que la madre haya juntado 25 millones de dólares en el exterior habla de que se trata de una evasora de máximo nivel», añadió. Para Tailhade, «ese dinero no se puede juntar si no es mediante la evasión» y sólo se consigue «si se hace sistemáticamente durante varios años».
Con esta denuncia, el diputado avalará y complementará otra realizada hace más de cuatro años, cuando se presentó ante la Justicia para denunciar los alcances de los decretos reglamentarios de la ley de blanqueo de capitales.
Tailhade fundamentará parte de su presentación en un artículo publicado el martes en Ámbito Financiero, según el cual Gianfranco Macri, hermano del exmandatario, declaró como propio en 2016 un fideicomiso -de nombre Quiñel Trust, radicado en Liechtenstein- que alcanzaría los 25 millones de dólares, cuando su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas.
Ese medio afirmó que accedió a documentos de conformación del fideicomiso, que tienen como primera beneficiaria a Blanco Villegas, como también a información contenida en una causa del fuero Penal Económico en la que se incorporó esa evidencia como prueba nueva de hechos ilícitos.
En ese sentido, diputados del Frente de Todos, incluido Tailhade, acusaron a Gianfranco Macri de haber hecho pasar como propio ese fideicomiso cuando en realidad pertenecía a Blanco Villegas, quien estaba impedida legalmente de acceder a los beneficios que otorgaba la ley de amnistía fiscal (Ley 27.260/2016).
Según el artículo 83 de esa ley, sancionada mientras Macri era presidente, quedaban expresamente excluidos del beneficio del blanqueo fiscal de activos en el exterior los «cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados» de los funcionarios.
Sin embargo, el decreto 1206/16, de noviembre de ese año, modificó un decreto anterior, el 895/16, que reglamentaba la ley 27260 y habilitó a cónyuges, padres e hijos menores emancipados a declarar sus bienes radicados en el exterior, siempre que pudieran acreditar que formaban parte de su patrimonio con anterioridad a la fecha en que sus familiares hubieran asumido en los cargos como funcionarios.
Ese decreto está judicializado por el exdiputado y excanciller Felipe Solá, por entonces en el Frente Renovador, quien lo consideró «inconstitucional» y acusó a Macri de haber incurrido en un «exceso reglamentario» que desnaturalizaba el espíritu de la ley aprobada por el Congreso.
