El miércoles pasado, en horas de la noche, un marino mercante de 27 años, identificado como Pablo Efrén Vera Vázquez, llamó a su madre tarotista desde la habitación de un hotel en la ciudad de Puerto Madryn y le pidió que le tirara las cartas. Estaba nervioso, había llegado esa misma mañana a la provincia de Chubut desde el partido bonaerense de Quilmes con cinco ladrillos de clorhidrato de cocaína -exactamente 15.780 dosis- ocultos en el panel de una de las puertas de su Citroën C4 color blanco.
Del otro lado, su mamá lo aconsejó: le dijo que tuviera cuidado, que lo estaban siguiendo, que estaban ahí y que intentara despistarlos, que todo saldría bien. “Guardá el auto”, le sugirió también. La conversación entre Vera Vázquez y su madre, al igual que otras que se realizaban desde su teléfono, eran registradas a través de una disposición judicial desde hacía varias semanas por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina. Estaba bajo sospecha en una causa por narcotráfico.
Esa misma noche, en un operativo conjunto con la División Antidrogas de Puerto Madryn, la Federal interceptó el auto, secuestró los paquetes de cocaína –que llevaban una especie de sello en las sustancias con la forma de un conejo o una liebre- y lo detuvo.
La investigación había comenzado en marzo del año pasado a pedido del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, quien solicitó una pesquisa sobre una organización narcocriminal que operaba desde el Gran Buenos Aires y distribuía luego hacia todo el país.
Así, los investigadores de la PFA llegaron hasta Luis Miguel Ávalos, un financista chaqueño de 52 años que se dedicaba a la adquisición de las sustancias estupefacientes para la organización criminal y fue quien contactó a Vera Vázquez, quien se jactó de realizar viajes frecuentes a la ciudad de Puerto Madryn y a la República de Paraguay, aprovechándose de su condición de marino mercante para circular a pesar de las restricciones impuestas para controlar el avance de la pandemia de COVID-19.
A fines de mayo, las escuchas revelaron que Vera Vázquez se comprometió a trasladar una importante cantidad de drogas en uno de sus viajes hacia el Sur argentino. Por ese motivo, la PFA intensificó las tareas de seguimiento sobre él y llegó así hasta una casa en Villa La Cañada, en Quilmes, donde el marino mercante fue visto por última y vez, y donde, se presume, acondicionó el vehículo para trasladar la cocaína.
Todo ese seguimiento desde el conurbano bonaerense hasta Chubut y la llamada a su madre tarotista fueron las claves para su detención.
Ante esa situación, el viernes pasado la jueza Vence ordenó otros seis allanamientos simultáneos: tres en la localidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela, en el domicilio de Vera Vázquez, el de su madre y del financista Ávalos, otro en la casa de Quilmes donde Vera fue visto por última vez antes de su viaje, otro en el hotel donde se hospedó en Puerto Madryn y el último, en la vivienda de una persona que visitó antes de ser detenido.
Ávalos fue detenido en su casa. En el operativo en la casa de La Cañada, en tanto, los efectivos de la PFA sospecharon de la conexión de un cable con una cámara de vigilancia y una manguera de agua unida de forma sospechosa con el tanque de agua de un galpón cercano. La jueza Vence, entonces, dispuso una nueva orden de allanamiento para ese lugar.
Durante ese operativo, la PFA encontró lo que buscaba: en el galpón fueron secuestrados más de 471 kilos de marihuana compactada en 671 ladrillos, 2 revólveres, 55 municiones de distintos calibres, tres camionetas y tres autos recientemente adquiridos, balanzas de precisión, 2 máquinas de contar dinero, 9 teléfonos celulares, 20.230 pesos en efectivo, 300 dólares, tarjetas de crédito, chips y tarjetas telefónicas. Estos y otros elementos de interés para la causa incautados contribuyen a la hipótesis de los investigadores que las sustancias estaban ahí listas para ser fraccionadas y distribuidas.
En ese lugar, además, los efectivos detuvieron también a Soraida Valenzuela Pacheco, una joven de nacionalidad paraguaya de 27 años encargada de custodiar el galpón que sería además pareja del proveedor de las sustancias, sobre quien la Justicia dispuso una orden de captura. Mientras tanto la joven, Ávalos y Vera Vázquez fueron trasladados a una dependencia policial e imputados por infracción a la Ley de Drogas.
