A raíz de la fuerte denuncia de sobornos realizada hace dos semanas por la diputada Leila Lloyd Jones esta tarde la justica allanó un estudio y una vivienda pertenecientes al abogado Guillermo Corneo.
El mismo fue indicado por la diputada como el encargado de ofrecer dadivas y contratos a los legisladores para que se apruebe el cuestionado proyecto de zonificación minera.
“A partir del audio que circuló de la diputada Lloyd Jones, se llevaron a cabo algunas situaciones, como el pedido de vindicación de algunos diputados, la respuesta por escrito de la diputada al procurador (Jorge) Miquelarena, a partir de lo cual hice entrevistas en las que surgieron algunos datos y por eso dispuse allanamientos, requisas y secuestro de objetos que van a ser peritados”, dijo Omar Rodríguez, fiscal encargado de la investigación, en medios radiales.
Según relató el fiscal, “ella subió el audio a un grupo privado, alguien lo hizo circular y cuando ella explica esa situación, agrega que un abogado habría ofrecido dinero o contratos para conseguir los votos de apoyo al proyecto minero”.
“Encontré elementos para pedirle al juez una orden de allanamiento a los fines de secuestrar diversos elementos. En principio se trataría de tráfico de influencias”, aclaró Rodríguez. “Se secuestró el celular del abogado Corneo, un CPU y documentación relacionada a cuestiones vinculadas a la minería, que ahora hay que ver si tiene relación con el tema que investigo o son cuestiones del trabajo privado del abogado”, continuo.
“La evidencia va a dar robustez o no a esta hipótesis inicial a partir de esta notitia criminis, donde pone en conocimiento de un posible delito. Lo cierto es que hay un total de 14 diputados que se presentaron para vindicarse, que es ponerse a disposición para ser investigados. A partir de allí yo puedo tomar medidas sobre esas personas que se sienten sospechadas”, sostuvo.
El delito de tráfico de influencias es cuando “una persona le paga a otra para que ejerza influencia sobre un funcionario para que haga o deje de hacer algo”, aclaró el fiscal y, a modo de ejemplo, sostuvo que “de corroborarse, en el marco de la hipótesis, que hubo diputados que cobraron estamos en presencia de un “cohecho”, es decir, cuando alguien cobra dinero para hacer o dejar de hacer, en este caso, sería para votar” concluyo el fiscal.
