Si bien esta etapa tiene fecha de inicio pero no plazos para su finalización, el proceso relacionado a la responsabilidad militar en el naufragio del submarino, en el que murieron sus 44 tripulantes, se inició en 2017 cuando se produjo el cambio de la cúpula de la Armada.Las actuaciones del Consejo de Guerra serán de carácter confidencial ya que se manejan datos sensibles como la misión del buque siniestrado y su rol en el esquema de la defensa nacional.
Srur, el almirante que comandaba a la Armada al momento del hundimiento del ARA San Juan, estará acompañado en el banquillo por los contralmirantes Luis López Mazzeo y Eduardo Malchiodi y el capitán de navío Carlos Ferraro, todos pasados a retiro.
Además, se deberá analizar las responsabilidades de Claudio Villamide, Héctor Alonso, Hugo Correa y Jorge Sullia, todos ellos en actividad.
Según establece la ley, para ciertos casos, es un funcionario civil quien encabeza el tribunal, y ese lugar puede ser ocupado por el propio ministro de Defensa o, en este caso, será ocupado por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi.
Además del funcionario, el tribunal estará integrado por el jefe de Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo, y por el brigadier Pedro Girardi, segundo Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas.
En los últimos días, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que aguarda «con expectativa» el inicio del Consejo, pero aclaró que ese proceso «solo comprende al personal militar» involucrado en el hecho.
«Cuando llegamos al Ministerio le dimos todo el respaldo necesario al oficial instructor del Consejo de Guerra, que es un oficial de otra fuerza, sobre el hundimiento del San Juan, y se puso como objetivo que antes de finalizar el año se empezaran a juzgar las responsabilidades militares», afirmó Rossi el fin de semana pasado en declaraciones radiales.
La Ley 26.394 que actualmente regula este Consejo prevé penas para faltas leves, graves y gravísimas, que van desde el apercibimiento hasta la destitución.
A la hora de juzgar, el tribunal deberá prestar atención a «la extensión del daño o peligro causados» y, teniendo en cuenta la pérdida del buque y de 44 vidas, expertos consultados por Télam afirmaron que los hechos serían enmarcados como «gravísimos».
De ser aplicada, la destitución implica la baja del condenado de las Fuerzas Armadas en caso de tratarse de personal en actividad o la pérdida definitiva del grado para aquellos que hayan pasado a retiro.
